Desde el 1 de noviembre de 2018, el cannabis medicinal es legal con receta médica en el Reino Unido. Sin embargo, casi ocho años después, el marco normativo sigue evolucionando, y los principales afectados, los pacientes, tienen opiniones muy claras sobre lo que cambia… y sobre lo que no cambia.
Hay que aclarar algo desde el principio: a día de hoy no existe ninguna «nueva ley» sobre el cannabis medicinal al otro lado del Canal de la Mancha. Lo que a menudo se denomina la «nueva normativa» abarca, en realidad, varios cambios de diversa índole: nuevas directrices destinadas a la policía, una actualización de las normas que regulan los medicamentos no autorizados y un análisis, actualmente en curso, del impacto de la reforma de 2018. Veamos cómo los acogen los pacientes.
Lo que realmente cambia en 2025-2026
Directrices policiales nacionales: una novedad
El 6 de enero de 2026, el Consejo Nacional de Jefes de Policía (NPCC) aprobó las primeras directrices oficiales sobre el cannabis medicinal destinadas a las fuerzas del orden de Inglaterra y Gales. Su principio rector: tratar a las personas con una receta válida como «primero pacientes, luego sospechosos». El texto recuerda que el cannabis medicinal es un medicamento incluido en el anexo 2 (Schedule 2), que debe tratarse como cualquier otro medicamento controlado, al igual que la morfina o ciertos tratamientos para el TDAH.
Estas directrices no modifican la ley: su objetivo es armonizar las prácticas sobre el terreno, siete años después de la legalización.
Una actualización de la normativa sobre medicamentos no autorizados
En enero de 2025, la Agencia Británica del Medicamento (MHRA) actualizó sus directrices sobre el suministro de medicamentos no autorizados, categoría en la que se incluyen la mayoría de los productos a base de cannabis recetados en el Reino Unido (los «CBPM»).
Se está llevando a cabo una revisión de la reforma de 2018
El Consejo Asesor sobre el Uso Indebido de Drogas (ACMD) abrió en septiembre de 2025 una convocatoria de aportaciones para evaluar los efectos, deseados o no, de la reclasificación de 2018. Se espera que su informe final esté listo a finales de 2026. Entre los temas analizados figuran la prescripción médica, la regulación de las clínicas privadas, la publicidad, el acceso al Servicio Nacional de Salud (NHS) y la aplicación de la ley por parte de la policía.
El contexto: un rápido crecimiento, un acceso principalmente privado
El número de pacientes ha aumentado considerablemente: según una estimación publicada en junio de 2026, unas 140 000 personas tendrían ahora acceso a un tratamiento. Sin embargo, menos de diez de ellas lo obtendrían a través del NHS. La gran mayoría de las recetas proceden de clínicas privadas, lo que repercute directamente en la percepción de los pacientes.
Lo que opinan los pacientes
1. Un alivio, pero con cautela: la acogida de las directrices policiales
La mayoría de las asociaciones de pacientes han acogido con satisfacción estas directrices como un avance largamente esperado, y algunas hablan incluso de un punto de inflexión. Para muchos, se trata del primer reconocimiento oficial de su condición de pacientes con derecho a recibir tratamiento.
Sin embargo, el entusiasmo sigue siendo moderado, ya que el texto no tiene carácter jurídico vinculante y no lo regula todo. Varias voces señalan que la cobertura mediática posterior ha fomentado en ocasiones la confusión entre el uso ilícito y el tratamiento prescrito, con el riesgo de alimentar la estigmatización que los pacientes esperaban ver reducirse.
2. Una ansiedad persistente ante la policía
Las cifras disponibles ponen de manifiesto hasta qué punto sigue arraigada la preocupación:
- Según una encuesta realizada por la clínica Alternaleaf entre 2.000 de sus pacientes, casi uno de cada cinco ha sido ya interpelado por la policía en relación con su tratamiento, y alrededor del 30 % afirma sentir ansiedad ante la idea de tomar su medicación en público
- En una encuesta realizada por la clínica Releaf, realizada entre 1 669 pacientes activos, solo el 25 % se mostraba totalmente seguro a la hora de utilizar su tratamiento fuera de casa, y alrededor del 20 % temía ser juzgado o cuestionado
- En los foros de pacientes se pueden encontrar numerosos testimonios de agentes que niegan la propia existencia del cannabis medicinal legal, a pesar de que se les haya presentado una receta médica.
Esta desconfianza se basa en una constatación objetiva: un estudio publicado en 2024, realizado entre 200 agentes de policía británicos, revelaba que aproximadamente el 28,5 % de ellos desconocía que el cannabis pudiera recetarse legalmente. Las directrices de 2026 tienen precisamente por objeto subsanar esta falta de conocimiento, pero su difusión y su asimilación por parte de todos los agentes llevará tiempo.
3. La conducción: la gran incógnita
Sin duda, este es el tema que más preocupa. Una receta médica no prohíbe conducir, pero el paciente nunca debe hacerlo bajo los efectos del medicamento; en caso de infracción relacionada con la presencia de THC, puede aplicarse una defensa jurídica específica, siempre que el medicamento haya sido recetado y tomado de acuerdo con las instrucciones.
En la práctica, la aplicación sigue siendo desigual. En febrero de 2026, un paciente ganó un recurso de apelación ante un Tribunal de la Corona tras haber sido condenado injustamente por conducir con un nivel de THC superior al límite legal. Un caso que ilustra el temor de muchos pacientes: el de ser detenidos injustamente a pesar de contar con una receta en regla. La policía está trabajando actualmente en directrices adicionales sobre este punto concreto, que se esperan con impaciencia.
4. El coste y el acceso: la clave del asunto
Para los pacientes, lo que está en juego no es solo una cuestión jurídica, sino también económica. Las recetas privadas suelen costar varios cientos de libras al mes, dependiendo de cada caso, lo que supone un obstáculo importante para muchos enfermos, mientras que la postura del NHS, justificada por la falta de grandes ensayos aleatorios, no ha cambiado de forma sustancial. Los pacientes y las asociaciones esperan que la revisión de la ACMD mejore este acceso, en particular mediante procesos de prescripción más ágiles.
Además, se estima que alrededor de 1,77 millones de adultos británicos seguirían tratándose con cannabis adquirido de forma ilegal, lo que indica que la brecha entre el acceso legal teórico y la realidad práctica sigue siendo considerable.
5. Demostrar su legalidad: tarjetas, recetas, envases
Otra fuente de preocupación diaria: ¿cómo justificar legalmente la posesión de su tratamiento? El NHS aconseja conservar el medicamento en su envase original, cuya etiqueta de dispensación indique el nombre del paciente en cuestión, así como una copia de la receta o una carta del médico que la ha prescrito. No existe ninguna obligación legal de llevar consigo estos documentos, pero se recomienda encarecidamente hacerlo.
Las «tarjetas de cannabis medicinal» expedidas por algunas clínicas pueden facilitar la verificación, pero ninguna tarjeta confiere un derecho legal a la posesión. Además, algunas tarjetas vendidas por organismos externos no verifican que su titular sea realmente un paciente con prescripción médica, lo que contribuye a la confusión.
6. Una opinión pública que sigue dividida
En cuanto a la opinión pública, una encuesta de YouGov de abril de 2026 muestra que el país sigue dividido respecto a la legalización con fines recreativos, con niveles similares de apoyo y oposición. Esta división alimenta la sensación, entre muchos pacientes, de tener que justificar constantemente un tratamiento que, sin embargo, es legal.
Una salvedad necesaria sobre los datos
Hay que tener en cuenta que la mayoría de los estudios disponibles proceden de clínicas privadas o de medios de comunicación especializados vinculados al sector (Releaf, Alternaleaf, Cannabis Health…). Sus cifras son reveladoras y coinciden con los testimonios recopilados, pero se basan en muestras de sus propios pacientes, lo que limita su representatividad. Los estudios independientes y a gran escala sobre la experiencia de los pacientes siguen siendo escasos.
En resumen
Para los pacientes británicos, la «nueva normativa» se percibe, ante todo, como un reconocimiento simbólico y práctico muy bienvenido, aunque aún muy insuficiente. Las directrices policiales de 2026 aportan un atisbo de seguridad, sin llegar a borrar años de desconfianza, estigmatización e incertidumbre, especialmente en lo que respecta a la conducción. En cuanto a la cuestión del coste y del acceso a través del NHS, sigue sin resolverse.
Ahora todas las miradas se centran en el informe final de la ACMD, previsto para finales de 2026, y en las futuras directrices policiales sobre la conducción. De ello dependerá la capacidad del Reino Unido para convertir un derecho legal en un acceso realmente sencillo, seguro y asequible para quienes lo necesiten.
